El portavoz de IU Exterior, Eduardo Velázquez, defendió la Proposición de Ley como una «necesidad social» y una «cuestión de justicia»
Los participantes en el seminario sobre la Proposición de Ley en materia de concesión de nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de españoles, celebrado en el marco del 2º Congreso de Nacionalidad Española -según Crónicas de la Emigración-, abordaron los fallos en la ley de Memoria Histórica de la mano de Danthe Menes, doctor en Derecho y Ciencia Política y asesor de Inmigración en Sagardoy Abogados, que señaló la gran cifra que supone la diáspora española en el exterior: “Son 1,8 millones de españoles fuera del país y hay 275.000 descendientes de españoles que no han podido acceder a la nacionalidad española”.
Según Crónicas, teniendo estos datos en cuenta, denunció las carencias que tiene la Ley de Memoria Histórica, que impide conceder la nacionalidad en cuatro supuestos: a los nietos de mujeres españolas casadas con un no español antes de 1938, algo que “supone una discriminación por sexo porque las mujeres no tenían derecho a dar en herencia la nacionalidad”; pero también quedan a un lado los hijos mayores de edad de las personas que obtuvieron la nacionalidad de origen; los nietos de los españoles que se vieron obligados a emigrar y a aceptar la nacionalidad del país de destino, cuyos hijos y nietos “ya no son españoles porque sus padres se han nacionalizado en otro país”; y españoles que, ostentando la nacionalidad no la han ratificado con el tiempo y la perdían.
Menes, recoge Crónicas, explicó su trabajo con los partidos políticos, a los que ha solicitado revisar esta ley para impulsar una nueva que recoja todos los supuestos sin ningún tipo de discriminación como tienen otros países como Italia o Portugal, a la vez que mandó un mensaje al Gobierno: “España ha sido siempre un lugar de inmigrantes y eso es algo que el gobierno tendría que tener en cuenta y no dar la espalda a estos descendientes en el exterior”.
También Eduardo Velázquez, coordinador de la Federación de Exterior de Izquierda Unida, se refirió a estos cuatro supuestos y, siguiendo la idea de Menes, aseguró que «España se ha dejado una parte muy importante de sí misma fuera de sus fronteras” con esta ley. Éste, como representante político, defendió el respaldo de su partido a esta Proposición de Ley porque «es una cuestión de justicia garantizar la nacionalidad de quienes huyeron de nuestro país escapando de la miseria y la persecución política”. Velázquez aseguró que “según el INE, 76.197 personas se registraron en el PERE durante 2017, luego la emigración española sigue aumentando. Y eso es sólo una parte, porque mucha gente no se inscribe en los consulados”. Si bien lamentó que en año y medio no se haya conseguido llevar a votación la nueva ley, confía en que tarde o temprano se lleve a cabo porque “el hecho de garantizar la nacionalidad española a más personas garantizaría un crecimiento social, económico y vitales para la España del futuro”.
Por su parte, menciona Crónicas, la catedrática en Derecho Internacional Privado Aurelia Álvarez recordó en su intervención que la primera ley de Inmigración en España nació en 1971 y la última data de 2006. “Entre ese tiempo solo ha habido parches en el Código Civil”, señaló. Álvarez también participó en la mesa redonda ‘La nacionalidad Española, materia en constante movimiento’, que clausuró el Congreso y en la que estuvo Guillermo Morales, CEO de Legal Team; junto a Carlos Mateo, abogado del ICAM, y Rosa Durán, letrada de ICAH.
Este Congreso, organizado por la Asociación de Inmigrantes sin Fronteras y el Grupo Aristeo, ha concentrado a un centenar de personas con el objetivo de dar a conocer las novedades en todo lo relacionado a la obtención de la nacionalidad española.
Kanpoko IUri buruz
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